Pesca en Malvinas
Tras la algarabía inicial, el dictamen de la ONU que autorizó a la Argentina a extender su plataforma continental, incluyendo en sus aguas a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, dejó decenas de desafíos pendientes. Si bien la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), órgano técnico creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, no se expidió sobre el fondo de la cuestión.
La comunidad internacional convalidó el planteo argentino, extendiendo los derechos de soberanía a 1.782.000 km2 más allá de las 200 millas marinas. Pero ¿qué peso tiene ese dictamen? ¿Es vinculante legalmente? ¿Están las partes obligadas a respetarlo?
Londres relativizó el optimismo argentino. "Es importante recordar que éste es un comité asesor. Hace recomendaciones, que no son legalmente vinculantes, y la comisión no tiene jurisdicción sobre temas de soberanía", dijo la vocera de David Cameron.
Desde el Palacio San Martín cuestionaron ese punto de vista. "Es muy positivo que la Comisión haya sostenido que existe una controversia entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Es una reafirmación de la soberanía porque Argentina presenta su espacio marítimo con límites definitivos y obligatorios. Y se reconoce una disputa que el Reino Unido desconocía. Ese país es parte de la Convención. Ahora no lo puede desconocer", afirmó a PERFIL Frida Armas Pfirter, titular de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).
El documento es un informe científico y técnico -no jurídico-, que convalidó las recomendaciones presentadas por la Argentina en 2009. "La Comisión revisa y luego aprueba o rechaza si el país que realiza la presentación ha cumplido con los criterios científicos fijados por la Convemar para el trazado del límite exterior de su plataforma continental. Al aprobarlos, pasan a ser reconocidos por todos los demás Estados que son parte de la Convemar", explicó un diplomático argentino. Lo que plantea esta decisión es el control y usufructo de los recursos en esa zona: fundamentalmente petróleo y minerales que subyacen en el lecho y subsuelo marinos.
Pesca. La disputa por la riqueza energética y mineral no es el único conflicto que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido. "Es claro que esta decisión sobre la plataforma continental afecta la vital captura de peces y calamares en las islas y vuelve incierta la explotación de petróleo en su lecho marítimo", aseguró en un editorial del diario británico The Times. La captura ilegal de recursos ictícolas en la Zona Económica de Exclusión argentina, que provoca pérdidas anuales por 500 millones de dólares, provocó recientemente un incidente diplomático con China, al hundir Prefectura un pesquero con bandera de ese país.
En una investigación realizada por este autor titulada "La Segunda Guerra de Malvinas: la disputa por los recursos pesqueros- presentada ante la Maestría de Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y de Flacso, y pendiente de evaluación-, se analizaron los motivos que llevaron a la Argentina a cancelar la cooperación pesquera con el Reino Unido, que tuvo lugar entre 1990 y 2005. Desde que comenzó a operar, en 1986, la industria pesquera generó un auge de la economía de las Malvinas, con 30 millones de dólares de ingresos anuales en concepto de venta de licencias pesqueras y exportaciones por 262 millones, según el Departamento de Pesquerías de las islas. Los ingresos de esa actividad representan el 34% de su PBI.
Durante el gobierno de Carlos Menem, Argentina y el Reino Unido firmaron los acuerdos de Madrid, que estipularon, entre otras cosas, la normalización de las relaciones diplomáticas, la "construcción de medidas militares de confianza" y la cooperación en las áreas de hidrocarburos y pesca. En ese último apartado, los Estados comenzaron a compartir información científica y técnica sobre la evolución de las especies de altura y a celebrar dos reuniones anuales de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, un organismo que emitía recomendaciones para evitar la sobrepesca de los recursos.
Sin embargo, en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner decidió congelar ese intercambio. "Vimos que los acuerdos -firmados por otro gobierno- no eran equilibrados y solamente contribuían a que continuase incambiada la situación de hecho, es decir, la jurisdicción británica sobre aguas y recursos pesqueros. Agravada esta situación por la emisión de permisos de pesca por la autoridad colonial usurpadora", explicó a PERFIL el ex canciller Rafael Bielsa.
"Se buscaba imprimirle a la negociación otras características, en procura de dejar de conceder sin recibir nada a cambio y de adoptar una actitud más firme y enérgica con el objetivo último de acercarnos a la reanudación de las negociaciones sobre soberanía", reveló un diplomático de carrera. Otros elementos que incidieron en el cambio de postura argentino fueron las medidas unilaterales británicas que afectaron los recursos en disputa, entre ellas la venta de licencias pesqueras a 25 años, anunciada en 2005.
El ex vicecanciller Fernando Petrella admitió en el libro Década de encuentro Argentina y Gran Bretaña 1989-1999 que "el hecho de que el Reino Unido ejercía jurisdicción de facto con exclusividad, impidiendo a la Argentina pescar y patrullar dichos espacios marítimos, impidió mayores progresos tanto en la cuestión de la conservación de los recursos como sobre el fondo de la disputa".
Es imposible analizar la política de los 90 en este tema aisladamente, sin subordinarlo a la política exterior general del menemismo, que buscó "insertar al país en el mundo". Así, hubo un acercamiento estrecho a Estados Unidos y Europa occidental, en momentos en que caía el Muro de Berlín, se disolvía la Unión Soviética y el Consenso de Washington se propagaba por América Latina.
Tras 15 años de cooperación, el gobierno argentino entendió que ese proceso fortalecía a Londres. "El "paraguas" protegía y fortalecía la posición de una sola de las partes, dejando a la otra reducida a la condición de reclamante y -algo mucho más grave- a que se interpretara que había un consentimiento tácito de Argentina", agregó Bielsa.
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